En protesta por la sentencia del Tribunal Supremo español contra la normalización del euskera, decenas de lezoarras se han concentrado a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento de Lezo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en 2023 los artículos de la Ley Municipal que tienen por objeto la normalización del euskera. Tras el recurso interpuesto por el Gobierno Vasco, ayer también el Tribunal Supremo español rechazó la mayoría de los artículos y resolvió que la preferencia por el euskera vulnera la cooficialidad lingüística.
Ante esta situación, Lezo se ha sumado a la concentración convocada por UEMA. El gobierno municipal se ha comprometido a realizar un trabajo para la normalización, revitalización y defensa de los derechos del euskera, bajo el lema 'Euskarerkin bat', con una declaración.
'EUSKARAREKIN BAT', DECLARACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LEZO
Como sabéis, a instancias de Vox, el Tribunal Supremo español ha anulado varios artículos del decreto de la Ley Municipal Vasca. Según esta instancia, en esos artículos se primaba el euskera, vulnerando la cooficialidad de las lenguas. La situación es tan ridícula que han rechazado los artículos que establecen que la primera palabra de las empleadas y empleados municipales o la primera palabra desde megafonía pública se hiciera en euskera. Pero, claro, no es posible hacer la primera palabra en euskera y castellano al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta?
Está claro que esto es un capítulo más del ímpetu que han puesto en marcha contra el euskera. Este ímpetu tiene en los juzgados uno de los frentes más visibles, pero está claro que tiene detrás un impulso ideológico, político, mediático. Y aunque esta vez ha sido una sentencia impulsada por un partido ultraderechista, no podemos olvidar que en muchos otros casos han sido impulsadas por los sindicatos de trabajadores y trabajadoras estatales. Podemos decir, pues, que esto es un asunto de Estado más que de izquierdas o de derechas.
Y en el fondo se cruzan dos grandes litigios en este hecho concreto. Por un lado, el relacionado con la decisión sobre las políticas lingüísticas de nuestros pueblos. Es decir, una vez más esta cuestión ha puesto de manifiesto quién tiene la última palabra en torno a la política lingüística. Ha dejado claro que la política lingüística está en manos del estado.
La segunda cuestión es la relacionada con la normalización del euskera. Esta sentencia también deja claro cómo entiende el estado la diversidad lingüística. Es decir, que donde utilizamos el euskera con normalidad y empezamos a recuperar los espacios que el castellano ha arrebatado al euskera es donde se acaba su tolerancia.
En el contexto de Euskaraldia 2018 entrevistaron a Amets Arzallus, quien decía lo siguiente:
Hoy todas y todos estamos a favor del euskera, también las personas que diseñaron y practicaron la muerte del euskera y sus herederas y herederos. Estamos a favor del euskera. Pero esos discursos tienen una trampa. Aceptan el euskera, pero en su campillo, en su rincón, y además, si es posible, sin molestar a nadie. Cuando se sale de ahí, se equipara a los demás y se centraliza, entonces, surgen conflictos.
Esta vez también nos han enseñado que el euskera es oficial, pero que no lo es como la otra lengua oficial; nos han querido demostrar que tiene que estar acompañado de la muleta del castellano.
Tal y como señala UEMA en su declaración de convocatoria de la concentración de hoy, las lenguas no se pierden como los calcetines. Los hacen desaparecer. También se han esforzado con el euskera, y lo han disminuido, lo han rechazado, e incluso lo han convertido en secundario. Este es el punto de partida para entender la situación actual.
Y como han señalado los últimos estudios y la Red Europea de Lenguas Minoritarias, el euskera está en situación de emergencia lingüística. Y sabemos que tratar por igual no implica justicia, máxime cuando esta situación ha sido consecuencia de años de opresión y exclusión. El euskera, las vascas y los vascos, necesitamos políticas activas, reparadoras, políticas que den prioridad al euskera para reparar el daño causado y garantizar nuestro derecho a vivir en euskera. Dar al euskera el lugar que le corresponde, porque devolver la dignidad a quien ha sido menospreciado es hacer justicia para las y los euskaldunes.
La sentencia es grave. La justicia española sostiene que la ley municipal vasca vulnera los derechos lingüísticos, al margen una vez más de los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes. Además, afecta especialmente a los municipios euskaldunes y a los ayuntamientos que hablan euskera.
Por ello, recordamos que a los 118 ayuntamientos que formamos UEMA nos corresponde dar ejemplo y actuar con responsabilidad, y que seguiremos trabajando en euskera. Que nos toca dar el lugar que corresponde al euskera que está en emergencia lingüística. El euskera necesita justicia, y lo que ha llegado del estado español, una vez más, no es justicia, sino una sentencia que condena al euskera y a las y los euskaldunes a un segundo plano. Para afrontarlo, es evidente, hay que construir un refugio jurídico diferente.
Por nuestra parte, no renunciaremos a hablar en euskera; no renunciaremos a la justicia que necesita el euskera y necesitamos las y los euskaldunes.